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Que el Banco Central descienda a dependencia de la Tesorería de la Nación no solamente supone desjerarquizar a un organismo con infrecuentes recursos humanos en el Estado Nacional sino bastardear el valor de la moneda, de la que el BCRA debe ser guardián implacable. Así, los mediocres, genuflexos, grises Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce conducen al Banco Central hacia un inevitable abismo inflacionario pero, mucho antes, hacia la subordinación a un déficit fiscal inmanejable. Acerca de todo eso escribió Agustín Monteverde en la newsletter de Massot & Monteverde:

CIUDAD DE BUENOS AIRES (InC.) El BCRA, nuevamente una dependencia de la Tesorería.

• En absoluto secreto, y recurriendo a la estrategia de sólo anunciar el hecho cuando ya estuviese consumado, el gobierno pergeñó un nuevo Fondo —bautizado en este caso “de Desendeudamiento”— por un monto de US$ 4.382 millones y cuyo objetivo es exactamente el mismo del derogado DNU 2010/09.

• Para distraer, y a la vez sugerir una condición distintiva que justificase semejante maniobra, el nuevo DNU —anunciado ahora el mismísimo día de apertura de sesiones del Congreso— crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de los Pagos de Deuda a los fines de la verificación y control de dichos desembolsos.

• La excusa para anunciar el DNU 2010 había sido que el Congreso estaba cerrado; en esta oportunidad se hizo prácticamente alarde de haber ignorado a los otros poderes de la república (debe tenerse en cuenta que había medidas judiciales firmes que prohibían al Ejecutivo afectar reservas al pago de la deuda).

• En el nuevo DNU se incluyó subrepticiamente una reforma de la ley Orgánica del BCRA para excluir las correspondientes letras del Tesoro que recibirá el Central de los alcances de los artículos 19 (inciso a) y 20.

• Esto tuvo por finalidad allanarle el camino al directorio del Banco, aventando la posibilidad de una persecución penal.

• Para evitar que la Justicia pudiese frenar a tiempo la transferencia de los fondos, el decreto fue publicado en una separata especial (recién aparecida a la tarde) del Boletín Oficial del 1º de marzo, lo que constituye una maniobra de obstrucción a la Justicia sin precedentes en la historia argentina.

• De todas formas, preventivamente el nuevo DNU advierte explícitamente que es "operativo" desde el mismo momento de su dictado (es decir, que no necesita antes ser publicado en el Boletín Oficial).

• Por decreto simple, se dispuso la apertura de otra cuenta para transferirle US$ 2.187 millones desde las reservas para el pago de vencimientos con organismos multilaterales.

• Siguiendo la estrategia oficial, a menos de tres horas de anunciados, el Central giró al Tesoro los fondos correspondientes a ambos decretos.

• De esta forma el kirchnerismo ha plasmado en los hechos la absorción del BCRA por parte de la Tesorería.

• La plena subordinación de la política monetaria a las necesidades fiscales ya las vivió la Argentina en los ’80.

• Consideramos que en estas circunstancias nuestra estimación inicial de inflación de 25% para 2010 —efectuada en diciembre— debe considerarse ahora un piso.

• Pero que podría ser cómodamente superado en función al volumen que se emita durante este año para atender a las necesidades fiscales y el eventual superávit cambiario.

• En relación al último, consideramos que el saldo comercial podría ser
neutralizado por la salida de capitales dado el ritmo creciente que ha tomado este proceso.

• Pero las necesidades de financiamiento del Tesoro podrían llevar a una emisión de hasta $ 50.000 millones, lo que representa poco más de la mitad del circulante actual.

• Consideramos que esta última movida podría dar lugar a severos percances para el gobierno en el plano judicial.

• Otro aspecto a seguir de cerca será el impacto en los tribunales internacionales de esta absorción de hecho del BCRA por parte del gobierno; particular atención habrá que prestar a la repercusión que tenga en el Banco de Basilea y los eventuales embargos que se dispusieran.

• La maniobra del gobierno causó asombro e indignación entre legisladores y
constitucionalistas.

• "Nunca he visto un atropello semejante. El decreto es absolutamente nulo porque el Congreso ya está reunido. Es una usurpación de facultades del legislativo. Es causal de juicio político porque hay mal desempeño. Es desconocer lo que ha dictado la Justicia. La trampa es tan clara que se la hace tras bambalinas. Por la extrema gravedad del caso, debería pronunciarse la Corte Suprema" (D. Sabsay).

• "La disposición de reservas sólo puede ser hecha por el Congreso y el Ejecutivo sólo podría hacerlo si el Legislativo no está en funcionamiento. Las medidas cautelares que se dictaron siguen en vigencia por lo que no sería posible dictar un nuevo decreto ignorando la orden judicial y transifirendo los fondos. No es viable, por una vía elíptica, desconocer una resolución judicial que está en vigencia" (G. Badeni).

• “El decreto 2010 no reunía los requisitos constitucionales y el DNU que lo
reemplaza tampoco. Es tan inválido como el anterior. Es una parodia, una
verdadera burla al Congreso. En un país respetuoso de las instituciones habría
que pensar en un juicio político" (F. Loñ).

• En el directorio del BCRA hay preocupación por las eventuales consecuencias penales que la decisión le podría ocasionar a sus integrantes.

• El PRO y la Coalición Cívica decidieron denunciar al directorio del Central por
desobediencia a la Justicia — el amparo que trabó el uso de reservas sigue
vigente—, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

• Marcó del Pont, que está nombrada en comisión a la espera de acuerdo del
Senado, podría perder su nominación.